El impacto Moral de las recomendaciones de Derechos Humanos ante la inmoralidad política

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En México desde hace 25 años se cuenta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como un organismo que tiene la misión de promover y proteger los derechos humanos en el país. Para cumplir con  esta misión, la CNDH realiza diferentes actividades, una de las principales es recibir quejas y formular recomendaciones públicas no vinculatorias dirigidas a las autoridades con relación a los actos que constituyen afectación a los derechos de los quejosos, principalmente en contra de actos de naturaleza administrativa.

 

En la historia del pueblo mexicano, la creación de la CNDH y sus homologas estatales constituyó un gran acontecimiento, al permitir contar con un organismo oficial y especializado en la defensa de los Derechos Humanos, no obstante, amén del resto de atribuciones y objetivos con que cuentan estas comisiones, su facultad respecto a las autoridades es de una recomendación, con un peso “moral” y no de un mandato con posibilidades de cumplimiento obligatorio.

 

El uso de recomendaciones como medios de protección a los Derechos Humanos, deriva su eficacia de la dimensión axiológica de éstos Derechos, al no contar las comisiones con un medio coactivo que obligue a las autoridades a acatar sus sugerencias, el basamento moral de éstas y su impacto ante la opinión pública constituyen la principal fuente de poder en las recomendaciones, no obstante, el peso de este trasfondo, en muchas ocasiones no es suficiente para su cumplimiento.

 

En México a la fecha, las recomendaciones han mostrado un poco eficacia ya que de un análisis de los diversos informes se puede apreciar que de más de 8000 quejas, únicamente se obtienen unas 5 recomendaciones con pruebas de cumplimiento total, decantándose la mayoría hacia el cumplimiento parcial o el desistimiento del quejoso, son mínimos los casos en los cuales la dimensión axiológica y el peso moral de los derechos humanos fue suficiente para que se obtengan cambios efectivos y totales en el actuar de la autoridad.

 

Ante ello, con una reforma en 2012, se modificó la Constitución tratando de fortalecer el sistema de recomendaciones considerando que cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

 

Desde la incorporación de esta facultad, el primer caso de un servidor público llamado a comparecer fue el de José Luis Luegue Tamargo, titular de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) después de que fueron rechazadas varias recomendaciones realizadas a este organismo, particularmente en relación con las inundaciones en Tabasco en 2010.

 

En su comparecencia, Luegue Tamargo calificó de “superficiales” las recomendaciones al no tomar en consideración información “técnica” que proporcionó la CONAGUA, (Senado de la República, 2017) sin que hubiera después de la comparecencia algún seguimiento o efecto al respecto, con ello, el primer caso de ejercicio de esta instancia adicional sentó precedente para el enfoque político que tendría sin representar necesariamente un fortalecimiento a la figura de las recomendaciones, particularmente hacia la materia administrativa.

 

En el mismo sentido se realizó la segunda comparecencia ante el Senado a petición de la CDNH, respecto del caso de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón por su negativa para atender tres recomendaciones emitidas a su dependencia sobre casos de tortura, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza.

 

En sus respuestas García Luna, dijo que se requiere modificar el marco jurídico para determinar el alcance del uso de la fuerza de la autoridad, pues no hay leyes que distingan los niveles que se deben aplicar para la contención tanto de criminales como de masas. Aseguró que “sería valioso” legislar para crear una ley que regule el uso de la fuerza federal, estatal y municipal, ya que hoy sólo existen procedimientos o protocolos que hace cada dependencia para dar un contexto sobre la regulación de la fuerza o control de masas. También precisó que esta dependencia “no es la responsable de aplicar la figura del arraigo, sino la Procuraduría General de la República”. (Senado de la República, 2012b) Finalmente este mandato culminó con el sexenio sin alguna repercusión adicional por la comparecencia, o alguna modificación respecto del seguimiento de las recomendaciones.

 

Con lo anterior se puede percibir un efecto pendiente de la reforma, en teoría podría pensarse que este “fortalecimiento” del proceso de recomendaciones de la CNDH respecto de los servidores públicos y titulares de dependencias administrativas y Secretarías de Estado, iba a tener un efecto favorable en su seguimiento y cumplimiento. Sin embargo, la realidad choca con esa expectativa, la figura no tiene un uso recurrente y los casos con mayor seguimiento en la prensa al respecto, se convirtieron en meras escenas políticas en las cuales quienes comparecieron mantuvieron su postura negativa hacia las recomendaciones.

 

El efecto “moral” de una recomendación de Derechos Humanos, si bien es una figura con arraigo internacional, se desdibuja y pierde su sentido en un sistema político como el mexicano, en donde la moral es un atributo no necesario, en muchos casos pareciera que además vetado en el ejercicio público.

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