MÉXICO: POLITICA PARA LA FELICIDAD

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La política social actual de México ha tenido como fundamento dos premisas. La primera, supone que por medio de mecanismos de protección social incluyente se podrán remover los obstáculos que limitan el desarrollo y el bienestar de mexicanos. Lo que implica establecer políticas sociales que aseguren el acceso, dotación, respeto y disfrute del derecho a satisfactores elementales que incluyen a la alimentación, salud y educación como mecanismos de respuesta que permiten romper con el círculo virtuoso de la exclusión y falta de oportunidades.

Mientras que una segunda premisa considera que para el logro de una política social eficaz se requiere de la instrumentación de políticas públicas de refuerzo mutuo por parte del Estado y el desarrollo económico en su conjunto.

De esta forma, con el fin de mostrar el cumplimiento del objetivo propuesto por la política de desarrollo social, se hace uso de algunos indicadores basados en el estudio del desarrollo alcanzado en una sociedad. Es el caso del Índice de pobreza absoluta y pobreza multidimensional; del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y del Índice de Bienestar Social (IBS). Instrumentos que permiten mostrar la eficacia del conjunto de políticas instrumentales encaminadas al logro del bienestar y desarrollo social.

No obstante, hablar de bienestar y desarrollo, conlleva a considerar la oportunidad de aplicar nuevas aportaciones realizadas en el marco del contexto social y del desarrollo. Es el caso, del Indicador de Felicidad Bruta (IFB) creado a partir del año 2011 y aceptado a nivel internacional por distintos países que tratan de mostrar el nivel de desarrollo social[1] alcanzado y al mismo tiempo, la efectividad de la política social.

Así, el IDBF es un término que permite conocer el verdadero nivel de desarrollo de una sociedad, basado en la complementación y refuerzo mutuo del desarrollo material e inmaterial alcanzado. Además de ser un instrumento que permite conocer la efectividad de la política social por medio de los indicadores establecidos[2]; creando un área de oportunidad al estudio de este indicador como un mecanismo de medición del bienestar social.

Históricamente, la visión del gobierno mexicano durante la década a partir de 1980 y después de 1994, fue que a través de las políticas de libre mercado se podría disminuir drásticamente los índices de pobreza y alcanzar a los países más desarrollados e industrializados. Convirtiéndose en la hipótesis central sobre la que descansaban los reducidos programas sociales y en especial, aquellos dirigidos a combatir la pobreza.

Sin embargo, después del liberalismo comercial, el número de pobres en México se ha mostrado resistente. Lo que ha demostrado la incapacidad del Estado para establecer políticas sociales efectivas de alto impacto social y la necesidad de aplicar reformas económicas que fortalezcan la competitividad y productividad.

Así, la política de asistencia para atender al problema del número de pobres en México ha tratado de reducir los efectos del libre mercado, por medio de un esquema de inversión de recursos públicos en efectivo, que beneficiarían a los que menos ingresos obtenían a partir de 1997.

A partir del año 2012, el programa Prospera antes Oportunidades (e inicialmente programa Progresa en 1997) intenta atender al problema de la pobreza, bajo una visión institucional y enmarcado por acciones que buscan garantizar el acceso a satisfactores elementales, creando un área de oportunidad al estudio del efecto de este programa social en el nivel de desarrollo alcanzado a partir de la concepción de bienestar logrado por medio del IFB. Por lo que conviene preguntar si algunos indicadores de felicidad pueden estar involucrados con el nivel de organziacion económica, con los grupos vulnerables o los mas privlegiados.

 

[1] De acuerdo con el IFB, el desarrollo social alcanzado en una sociedad se compone por una visión material y espiritual (o inmaterial).

[2] No puede ser medido directamente, pero sí los factores que lo alteran. La medición se realiza a través de un cuestionario de 180 preguntas que considera 9 dimensiones: Bienestar psicológico. Uso del tiempo.

Vitalidad de la comunidad. Cultura. Salud. Educación. Diversidad medioambiental. Nivel de vida. Gobierno.

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